La superficie detectada volvió a crecer

El Ministerio de Minas y Energía divulgó el 2 de octubre de 2026 los resultados del informe de Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión en Colombia 2025, elaborado por el Gobierno nacional con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. El estudio identificó 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión en tierra, frente a 113.310 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento anual de 4,5 %.

El reporte señaló que el 75 % de la superficie detectada correspondía a actividad ilícita, el 21 % contaba con permisos técnicos o ambientales y el 4 % se encontraba en tránsito a la legalidad. Son clasificaciones del informe basadas en su metodología de detección y cruce de información; no constituyen por sí solas una sentencia contra una persona o empresa concreta.

La serie evidencia un repunte desde 2023. Ese año se identificaron 105.060 hectáreas con explotación activa en tierra; la cifra aumentó a 113.310 en 2024 y a 118.410 en 2025. La tendencia plantea desafíos para las autoridades encargadas de formalización, control minero, protección ambiental y presencia institucional en los territorios.

Concentración territorial y riesgos ambientales

El estudio destacó una presencia importante en territorios de comunidades negras: el 45 % del total nacional se ubicó en esas tierras y, dentro de esos territorios, Chocó concentró el 84 % de la evidencia identificada. En resguardos indígenas, la actividad representó el 0,4 % del total, aunque el informe reportó un incremento de 25 % entre 2023 y 2025. También señaló que la evidencia de explotación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales aumentó 153 % entre 2023 y 2025.

La explotación aurífera aluvial puede modificar cauces, afectar suelos, aumentar sedimentación, deteriorar ecosistemas y generar riesgos para comunidades cuando se realiza sin controles. El informe también identificó convergencia territorial con cultivos de coca en el 48 % del área con evidencia de explotación y presencia de al menos un grupo armado ilegal en el 85,6 % de los municipios donde se desarrolla esta actividad.

Qué implican los datos para el control minero

La información geoespacial permite orientar inspecciones, focalizar procesos de formalización y coordinar acciones entre autoridades mineras, ambientales y de seguridad. No reemplaza las investigaciones administrativas o judiciales necesarias para determinar responsabilidades, ni significa que toda zona identificada tenga el mismo nivel de afectación.

Las empresas que participan en la cadena del oro necesitan contar con trazabilidad de origen, permisos aplicables y mecanismos para prevenir la compra de mineral procedente de operaciones ilícitas. Las comunidades pueden consultar los mapas e indicadores para comprender el alcance territorial del fenómeno y apoyar el seguimiento institucional.

Qué mide el monitoreo de la explotación de oro de aluvión

La expresión “evidencia de explotación de oro de aluvión” corresponde a una medición realizada mediante la metodología y las fuentes utilizadas por el informe oficial. No debe entenderse como un censo de personas responsables ni como una sentencia sobre cada lugar detectado. Para asignar responsabilidades individuales se necesitan actuaciones de las autoridades competentes, evidencia adicional y el procedimiento administrativo o judicial correspondiente. Esta distinción es importante para comunicar los hallazgos sin generalizar acusaciones contra comunidades o empresas de una región completa.

El incremento de 4,5 % respecto de 2024 muestra una expansión del área identificada en la comparación anual presentada. El aumento informado del componente ilícito o no autorizado constituye una señal para las políticas de formalización y control, pero su interpretación depende de la definición usada por el informe, la distribución geográfica y la calidad de la información recolectada. La superficie detectada tampoco equivale directamente al volumen de oro extraído, a las ganancias de la actividad o al daño ambiental cuantificado.

Los datos pueden ayudar a orientar inspecciones, recuperación de áreas afectadas y coordinación entre autoridades mineras, ambientales y de seguridad. Para las empresas que compran o comercializan oro, el contexto refuerza la importancia de conservar trazabilidad, verificar el origen del mineral y cumplir controles aplicables. Para las comunidades, la consulta del informe completo permite entender los hallazgos territoriales sin sustituir los canales formales de denuncia, participación o defensa de derechos.